Con demasiada frecuencia, las comunidades responden a la falta de vivienda con esposas en lugar de con viviendas. Las personas que duermen en los parques o acampan en los bosques son multadas o incluso encarceladas. Las ordenanzas sobre mendigar, las leyes sobre merodear y las redadas en los campamentos tratan la propia supervivencia como si fuera un comportamiento delictivo.
Pero la falta de vivienda no es un delito. Es una crisis. Es el resultado de un sistema en el que los costes de la vivienda aumentan más deprisa que los salarios, en el que el tratamiento de la salud mental y la adicción son demasiado escasos, y en el que las personas con discapacidad se quedan sin apoyo adecuado. Castigar a las personas por su pobreza no contribuye a resolver las condiciones que las pusieron en la calle en primer lugar.
La verdad es que criminalizar a los sin techo sólo empeora el problema. Las detenciones y multas crean antecedentes que dificultan la obtención de vivienda o empleo. El desplazamiento constante significa que las personas pierden el contacto con los proveedores de servicios y la atención médica. Los recursos públicos se agotan en respuesta policial, tiempo de cárcel y costes judiciales, en lugar de destinarse a soluciones reales.
En New Beginnings, vemos cada día que las personas sin hogar no son problemas que hay que gestionar, sino vecinos con potencial. Con una cabaña segura, gestión de casos y comunidad, los residentes estabilizan su salud, se aseguran ingresos y dan pasos hacia una vivienda permanente. Los estudios realizados en todo el país confirman lo que presenciamos: la vivienda de apoyo funciona. Mantiene a las personas en una vivienda estable, reduce los costes públicos y restaura la dignidad.
La alternativa está clara. Podemos seguir haciendo pasar a la gente por las cárceles y las urgencias, o podemos invertir en viviendas, asistencia sanitaria y comunidad. El primer camino criminaliza la pobreza y agrava la desesperación. La segunda pone fin al sinhogarismo y da un futuro a los vecinos.
La falta de vivienda no es un delito. Es una llamada a la acción, y juntos podemos responder a ella con soluciones que aporten seguridad, estabilidad y pertenencia a todos.
